A través de la Resolución 532 de 2024, que entrará en vigor el 1 de junio de 2025, se redefinen los procedimientos administrativos de fiscalización, determinación de obligaciones y sanciones por el incumplimiento en los aportes al Sistema de la Protección Social.
Este nuevo marco normativo refuerza la capacidad sancionatoria de la UGPP, exigiendo a las empresas mayor diligencia y un cumplimiento integral en sus obligaciones.
Principales impactos para las empresas
1. Fiscalización más estricta
La UGPP podrá iniciar procesos de forma más rápida, incluso con información de terceros o cruces automáticos.
2. Sanciones por errores u omisiones
Se impondrán sanciones en los siguientes casos:
- No declarar aportes.
- Declararlos de manera inexacta.
- No responder requerimientos oportunamente.
3. Beneficio por corrección voluntaria
Las empresas que corrijan antes de ser requeridas podrán reducir significativamente las sanciones aplicables.
4. Nuevas exigencias documentales
Se exigirá conservar y organizar la información laboral, contractual y contable por un periodo mínimo de cinco (5) años.
5. Gestión 100% digital
Tanto las notificaciones como las respuestas se realizarán por medios electrónicos. El incumplimiento en los plazos podrá generar consecuencias legales inmediatas.
Recomendaciones para el sector empresarial
- Auditar los aportes realizados en los últimos cinco (5) años.
- Verificar la consistencia entre nómina, PILA y contabilidad.
- Establecer protocolos internos de corrección voluntaria.
- Capacitar al personal contable, administrativo y de talento humano.
- Consultar asesoría jurídica especializada para prevenir sanciones.