Recientemente se ha generado alarma institucional ante el anuncio de convocar una consulta popular por decreto, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. El artículo 104 de la Constitución Política de Colombia exige de forma clara un concepto previo y favorable del Senado para proceder con este mecanismo de participación ciudadana.
Este tipo de acciones ponen en riesgo la institucionalidad y la legitimidad de los poderes públicos, especialmente del Congreso de la República, cuya función constitucional podría verse desconocida. Se hace un llamado a todas las instituciones del Estado a actuar en defensa de la legalidad, la Constitución y el equilibrio democrático